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Publicación de nuevo libro sobre la Ley de Protección de Datos

Colaborando con el desarrollo del tema de la Protección de Datos en Costa Rica, se ha oficializado una publicación realizada por mi persona en coautoría con Mauricio París, en donde analizamos la vigente Ley de Protección de Datos Personales, N° 8968.

Dicho libro busca abrir la discusión y generar mayor debate en el tema de la privacidad y la protección de datos en Costa Rica, esto con base en comentarios realizados a la ley por los autores y en criterios, dictámenes y jurisprudencia relevante.

El libro es la primer obra relacionada a este tema en Costa Rica.

 

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Artículos

Legales: ¿Puede ser la CCSS responsable por la pérdida de los datos?

De acuerdo con cifras del Taller Regional de Políticas de Seguridad Cibernética del 2014 organizado por el BID y la OEA, durante el 2013 más de 1.400 instituciones financieras de 88 países fueron víctimas de ciberataques, cada día hay 568.000 ataques a sitios web y más de 29.000 millones de correos electrónicos no deseados (spam), y el costo del cibercrimen para la economía mundial se sitúa entre los $375 y $575 billones.

Hablamos hoy entonces de cifras que sitúan a las actividades relacionadas a la ciberseguridad y la ciberdelincuencia en los puestos más altos de los delitos que se cometen por los daños monetarios que producen.

Como ejemplo, el caso denominado Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comission) versus Wyndham Worldwide Corporation, en el cual delincuentes informáticos lograron hacerse con datos personales de más de 600.000 clientes de la cadena de Hoteles Wyndham entre 2008 y 2009, significó pérdidas económicas de aproximadamente $10 millones.

Responsabilidad

Hace menos de un mes, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos resolvió una apelación en este caso, que declaró que la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos cuenta con autoridad para demandar a toda persona física o jurídica que sea responsable de una base de datos que haya sido vulnerada por su propia responsabilidad.

En el caso en particular, el juzgado de primera instancia consideró que la falta de un adecuado sistema de seguridad por parte de Wyndham configuraba de hecho la participación de esta empresa en “actos o prácticas desleales o engañosas que afectan el comercio”. De igual forma el fallo indica que en el 2005 la Comisión Federal de Comercio inició sanciones administrativas en contra de empresas que contaban con sistemas de seguridad informáticos inseguros, que no protegían la información personal que conservaban en sus bases de datos.

Las lesiones que se producen cuando se dan este tipo de ataques son incalculables. Aunque nuestra información pueda ser obtenida por montos de dinero no muy altos que van desde el rango de $0,50 hasta $100 por una hoja de vida completa con información de salud y crediticia, el daño mayor es por el uso no autorizado e inapropiado de los datos.

No solamente se debe pensar en el daño económico que genera todo el tema del manejo no autorizado de datos personales y la ciberdelincuencia. Estas actividades ilícitas también generan desempleo y daños a las personas y empresas, en la mayoría de los casos irreparables.

Cuando bases de datos personales son vulneradas y la seguridad de los datos se pone en riesgo, estos podrían ser utilizados para emitir documentos de identidad falsos, perfilar a los usuarios por sus padecimientos y enfermedades, obtener accesos a cuentas de correo electrónico para enviar spam o correos infectados, suplantar la identidad de un usuario en Internet, redes sociales o en el mundo físico, u otros peligros que se derivan del mal uso de los datos personales.

En el caso de la información hackeada del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), si esta se llegase a utilizar para fines no autorizados, podría poner en riesgo la privacidad y la intimidad de cientos de miles de personas que han confiado en los sistemas de seguridad de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Empero, debemos ver lo positivo de todo esto. Hasta cierto punto es una “victoria” para los usuarios de sistemas y titulares de datos, pues pone nuevamente bajo la lupa los procedimientos y la necesidad de proteger los datos personales a nivel público y privado, pues los ciberdelincuentes no discriminan.

Fallos como los citados, y sucesos como el de la Caja, podrían ser el incentivo que se necesita para que las empresas, organizaciones, personas y todo aquel que sea responsable de una base de datos proceda a mejorar sus sistemas de seguridad, implemente protocolos mínimos de actuación, y a la vez se asesore de la mejor manera para evitar demandas y problemas legales innecesarios a futuro.

Publicado en el Semanario El Financiero, 20 de setiembre de 2015.

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Legales-Juan_Ignacio_Zamora-CCSS-Sicere-hackeo-proteccion_de_datos-datos_personales_0_813518644.html

Entrevistas

Les presentamos a Uber

Pasar por encima de todo y ser el mejor de todos no es solo una actitud de Uber: es el significado de su nombre en alemán.

 El malestar generalizado de transportistas públicos y gobiernos del mundo no le ha impedido crecer explosivamente durante sus últimos cinco años de vida.

¿Lo hará en Costa Rica?

Sí, es cierto que los taxistas de Francia lograron eliminarlo del mapa hasta que la justicia resuelva, que en Brasil está prohibido y que en los altos tribunales en España lo tienen contra la pared.

Pero también es cierto que, en el salón de la fama, Uber bebe cerveza con los grandes. Google le inyectó $250 millones en el 2013; Microsoft cerca de $1.000 millones y Goldman Sachs unos $1.600 millones hace unos meses.

Lea: Uber y Air BnB ponen en jaque al Gobierno

Sus reservaciones proyectan triplicarse este año hasta alcanzar los $10.800 millones y los $26.100 millones en el 2016. Forbes calcula que esta empresa vale unos $50.000 millones. Por encima de todo.

infografia

La historia

Un cuento reza que Uber nació en una fría noche parisiense del 2008, cuando Travis Kalanick, actual CEO de la compañía, y su amigo Garret Camp trataron de encontrar un taxi en la calle y fallaron miserablemente.

Ese día prometieron que crearían una app de servicios de transporte bajo demanda. O, como le llaman ahora, una plataforma que conecte a pasajeros con conductores.

Los dos amigos, millonarios estadounidenses, estaban en Europa por la conferencia de tecnología Le Web, en busca de su próxima inversión.

Carret recién le había vendido Stumble Upon a eBay por $75 millones y Kalanick había ganado $20 millones por la venta de su segunda start-up a Akamai Technologies.

La primera versión de Uber (UberCab) costó más o menos 1,5 veces lo que un taxi en San Francisco. Comenzó a operar en el 2010 con un gran éxito entre los usuarios, pero muy poco entre los inversionistas.

La mala racha duró hasta que Kalanick consiguió que una amiga suya y una cofundadora de Napster lo nutrieran con $1,5 millones de capital semilla.

De San Francisco brincó a Nueva York, su mayor mercado a nivel mundial, y de allí al resto del mundo. Tres años después, Uber existe en 59 países y más de 250 ciudades en todo el mundo.

Prácticamente en ninguna de ellas ha contado con la venia de los gobiernos y mucho menos con el perdón de los taxistas, pero a Kalanick le gusta esa idea de pelear duro.

“Lo que debimos entender antes es que estamos haciendo una campaña política y que nuestro candidato es Uber”, declaró el empresario a Vanity Fair en diciembre.

¿Por qué nos importa?

El viernes 21 de agosto, Uber también empezó a operar en Costa Rica con una escoba en la mano para sacudirse de las acusaciones.

Su estrategia la mañana de ese día fue autoproclamarse como una “comunidad de autoabastecimiento”.

“¿Comunidad de autoabastecimiento?, ¿qué es eso?”, le preguntamos a los abogados de varios bufetes. De primera entrada, ninguno dio en el blanco.

El término está presente en “varias resoluciones” de la Procuraduría General de la República, dijo Humberto Pacheco a los medios de comunicación.

Lea: En busca de una ruta legal para Uber.

Rocío Paniagua, vocera para Latinoamérica de Uber, agregó que haber encontrado este término los tiene “muy contentos” .

La alegría se debe a que en ningún otro país en Latinoamérica habían encontrado una figura ya normada que se ajustara tan bien a sus necesidades como el autoabastecimiento, previamente utilizado por generadores de electricidad para autoconsumo y por las Asociaciones Operadoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario (Asadas).

Estamos muy contentos… pero no tengo a mano las resoluciones de la Procuraduría” para explicar ese modelo legal en el que van a ampararse las operaciones de Uber en el país, dice Paniagua.

Pacheco contó que la decisión de lanzar el servicio se tomó a las 9 p. m. del jueves anterior, luego de una reunión con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Reuniones a las que la vocera califica como muy exitosas aunque las autoridades insisten en que cualquier chofer de Uber será tratado como un pirata.

Sebastián Urbina, viceministro de Transportes, insiste en llamarlos con este nombre y les recuerda que si se los encuentra en la calle, cualquier oficial podrá emitir multas de hasta ¢105.000.

La alegría con la que Paniagua se expresa acerca de la decisión de Uber de inaugurar su servicio el viernes no parece para nada coincidir con las rígidas declaraciones de Urbina. “Estamos muy contentos”, insiste ella. “Son unos piratas”, asegura él.

La elegancia

Arturo Cardoso Pérez es chofer de un automóvil inscrito en Uber en México D. F. desde hace un año y siempre usa corbata.

“Nadie me obliga a andarla, per o lo hago porque lo más importante es el servicio, para que nos califiquen bien”, cuenta vía telefónica el chofer.

Es una idea que la compañía se ha encargado de dejar muy clara entre sus “conductores asociados”, como han bautizado a los choferes que manejan para ellos, pero que no son tratados como empleados.

“Uber es eficiencia con elegancia en la punta. Por eso es que voy a un buen restaurante aunque pague un poco más. Es por la experiencia”, ha dicho Kalanick.

Por encima de todo, ya llegó Uber.

Semanario El Financiero, 23 de agosto de 2015.

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/uber-kalanick-servicio-transporte-tecnologia_0_796720358.html

Artículos

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO

Ponencia para el XIX Congreso de Derecho e Informática FIADI, Medellín, Colombia, 2015.

Tecnología y Derecho

Dentender de previo a leer el presente ensayo que el Derecho Informático, también conocido como Derecho de las Tecnologías de la Información, ha llevado a la aplicación del Derecho en áreas en donde hace aproximadamente 40 años era imposible imaginar que podría existir algún tipo de relación.

La computación, la informática y todas las aplicaciones que de estas se puedan derivar son hoy por hoy las áreas que han desarrollado más a las profesiones en los últimos siglos, y que día con día nos asombran con su capacidad de evolución logrando envolver profesiones que se consideraban lejanas a los embates de la tecnología.

Richard Susskind, un connotado abogado y quien ha desarrollado varias teorías sobre la evolución del Derecho y los abogados ha dicho que debemos de ver a “(…) la tecnología de la información –Information Technology (I.T.)- en general, como una fuente o motor de innovación que hace posible que surjan formas alternativas y más eficaces de conseguir fines sociales.[1]

La aplicación de la tecnología no sólo ha afectado profundamente al Derecho. Palabras como nanotecnología y biotecnología son parte de nuestro léxico diario sin darnos cuenta que nacieron y que dependen exclusivamente de la tecnología y su aplicación en estos campos como lo son los nano componentes y las ciencias relacionadas a la biología.

En relación a esto Pompeu Casanovas señala que este nuevo paradigma “(…) se concibe explícitamente como una “tecnología con rostro humano”, centrada en las necesidades de los individuos y en las posibilidades crecientes de la tecnología aplicadas a fines económicos, sociales, médicos y terapéuticos. Inteligencia social, inteligencia incorporada y computación evolutiva, constituyen el marco cooperativo donde va a moverse la inteligencia artificial en los próximos años. Y, naturalmente, como tendremos ocasión de comprobar, en escenarios dominados por la evolución y los problemas de la red.”[2]

Pero el Derecho Informático de igual forma ha tenido dificultades para su desarrollo, por cuanto el sistema jurídico establecido vigente no ha logrado asimilar los cambios sociales que a su vez no ha logrado incorporar totalmente los cambios que realiza la tecnología en sus miembros y demás componentes, lo que hace que en muchos casos las modificaciones y los cambios que se realizan a esta rama del Derecho se hagan de manera desordenada y sin ninguna línea, pues buscan de alguna forma adaptarse a la realidad cambiante a la misma velocidad que la tecnología.

El fin de la aplicación de la informática en el Derecho -Informática Jurídica-, ha sido durante décadas depurar la técnica cuya intención es el almacenamiento, procesamiento, tratamiento y ordenamiento, con base en un criterio científico y lógico definido, cualquier tipo de dato jurídico considerado necesario con el fin de documentar o proponer una solución al problema legal que se pretende resolver. Todo esto se realiza por medio del análisis automatizado de las diversas fuentes de conocimiento jurídico que el encargado del sistema tenga a disposición para incluir en el programa que realiza la valoración.

 

Informática Jurídica Metadocumentaria e inteligencia artificial

La informática jurídica estudia el uso de dispositivos electrónicos y sus diversas aplicaciones en las distintas ramas del Derecho; se refiere entonces a todo tipo de desarrollo que se le pueda dar al Derecho ayudándose con distintas herramientas tecnológicas.

La Doctora Nuria Cuadrado indica que “la Informática Jurídica nos enfrentamos a menudo a objeciones que ponen en tela de juicio la relevancia de los resultados que dicha disciplina ha obtenido. Las críticas se dirigen fundamentalmente a señalar que los grandes esfuerzos demandados por la tarea Informática, en términos generales, no son directamente proporcionales a la riqueza y profundidad en los logros que se obtienen. También se señala con frecuencia que los procesos de manipulación automática de la información que efectúa la Informática se llevan a cabo a costa de trivializar los conceptos y argumentos jurídicos.”[3]

La Informática Jurídica Metadocumentaria o Decisional es de las distintas ramas de la informática jurídica la que se considera más compleja, pues no se agota con sistemas de recopilación ni con archivos, y actualmente está llevando a cabo cambios importantes en la aplicación del Derecho y la forma en que este se desarrolla. Es entonces su aplicación mucho más profunda y más extensa pues abarca áreas como la decisión, la investigación, los presupuestos y la redacción de argumentos jurídicos.

Podemos indicar entonces que es la rama de la Informática Jurídica que ayuda en la decisión o en la toma de decisiones que realizan los juristas. Ahora bien, no será necesariamente esta quien tome la decisión, sino que puede colaborar en la toma de la misma aportando con sus conclusiones, investigaciones o aportes en general.

Entonces si por medio de la informática podemos establecer sistemas capaces de gestionar y almacenar eficazmente la información como lo hacemos de manera sencilla y ya muy desarrollada como lo es en el comercio electrónico, ¿porque no adaptar esas mimas tecnologías y posibilidades a generar conocimiento jurídico y facilitar la actividad judicial a nivel global?

Es por esto que se le ha dado el nombre de inteligencia artificial, pues ha logrado llevar a cabo ciertas acciones que consideramos únicas del ser humano tales como la toma de decisiones y el generar conclusiones basándose en datos, logrando establecer parámetros para lograr conclusiones que logren solucionar problemas jurídicos.

Es aquí donde hablamos de “sistemas expertos”, los cuales son todos aquellos que con base en la información que previamente le ha sido proporcionada logra resolver situaciones que no tienen una solución definida de previo. Se unen entonces en los sistemas expertos una base de datos que incluye información muy diversa y un sistema cognoscitivo que rara vez se utilizaba con anterioridad para describir un sistema de cómputo, pero que hoy en día es cada vez como normal, pues los sistemas logran conocer y comprender la información que le ingresa un tercero y con la cual elaboran sus conclusiones, hipótesis y razonamientos.

Si bien el fondo de esta ponencia es sobre los efectos de la informática jurídica metadocumentaria en la toma de decisiones a nivel jurídico, esta tiene muchas otras aplicaciones que permiten desarrollar el Derecho y facilitan la toma de decisiones por medio de su aplicación en la educación, la investigación, la previsión, y la redacción de contenido relativo al Derecho.

Pero volviendo a nuestro eje central, la inteligencia artificial, como nos referiremos a la informática jurídica metadocumentaria en el presente ensayo, ha venido a revolucionar y a contribuir en todos los modelos judiciales gubernamentales y sistemas jurídicos a nivel internacional.

Una de sus grandes aportes ha sido el convertir la consulta de datos y las conclusiones que emite, en resoluciones con una transparencia mayor para la totalidad de sujetos que consultan las bases de datos a las cuales se tiene acceso. Esto a nivel gubernamental ha generado en algunos casos una mejor rendición de cuentas y una participación ciudadana de mayor calidad preocupada por el manejo de la “res” pública. Claro está que deben darse modificaciones y formulaciones en la legislación y en las instituciones gubernamentales con el fin de que la aplicación de sistemas de informática jurídica metadocumentaria logren mejorar las condiciones y la relación entre gobierno y gobernados, logrando una mayor seguridad jurídica a nivel general.

Ahora bien, la inteligencia artificial no deja de ser una máquina o un sistema operativo que puede ser reemplazable o mejorable en comparación al capital humano sin necesidad de recurrir a problemas legales laborales. Es aquí que debemos reorganizar o replantear muchas de las prácticas que se llevan a cabo a nivel laboral con los colaboradores y combinarlas con aportaciones de las máquinas en tareas específicas. De esta forma lograríamos conformar una mayor compenetración entre los beneficios que brinda el crear sistemas y programas que cumplen con funciones humanas pero que se logran automejorar con base en los protocolos que le proporcionan los sujetos que le brindan los datos para formular sus respuestas e investigaciones.

 

Watson, Ross y la predicción legal cuantitativa.

Desde el nacimiento de Watson, la asombrosa máquina diseñada por IBM que logra procesar un millón de libros por segundo[4] y que ha sido participante en el programa de preguntas de los Estados Unidos de América –Jeopardy-, la gran mayoría de quienes tienen relación con temas de Derecho e Informática han imaginado que en algún punto en un futuro no muy lejano esta máquina desplazará a los abogados y el razonamiento que estos realizan.

Es mi opinión que, aunque Watson ha logrado predecir con un 70% de fiabilidad los fallos que se emiten en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América con los datos con que se ha alimentado su sistema[5], difícilmente reemplazará a los juristas y su razonamiento. Lo que si será posible, y que al día de hoy ya sucede en algunos aspectos de nuestra profesión es que Watson logre ayudar a descifrar problemas legales de mayor complejidad, colabore con la necesidad de razonar problemas jurídicos, y nos permita conocer con mayor habilidad para la explicación de cómo es que quienes interpretamos el Derecho logramos crear distintas versiones unas de otras.

El punto es que Watson, o cualquier otro sistema que busque resolver problemas jurídicos, no deberá de reemplazar el razonamiento jurídico de los abogados para crear un impacto en nuestra profesión o en la sociedad. El impacto ya se ha dado, y no existe un punto de retorno por el hecho de que hoy más que nunca desde que el Derecho existe, confiamos en dispositivos, bases de datos y sistemas de información para obtener información, analizarla, tratarla y resolver los conflictos que pueden presentarse.

Imaginemos la utopía que podría ser, que no se encuentra muy distante, el hecho de que las facultades de Derecho trabajen en conjunto con las escuelas de computación con el fin de integrar la práctica del Derecho con disciplinas que antes no podíamos imaginar que tuvieran relación alguna o que incluso del todo no existían. Ya no podemos limitarnos a pensar en que las Facultades de Derecho impartan a sus estudiantes cursos de Derecho Informático, lo más acorde a la realidad y que facilitaría la creación de normativa acorde a la realidad, sería la integración de ciencias como el Derecho y la Computación con el fin de que su interrelación proporcione mejores herramientas a quienes deban de dirigir los destinos de la sociedad alrededor de la tecnología pero siempre apegada a los lineamientos normativos vigentes.

No debemos dejar de lado que uno de los fines que busca el Derecho es buscarle soluciones a problemas que no tienen una fácil solución entre las partes involucradas, y por esto en muchos casos el Derecho batalla con su propia habilidad de resolver lo complejo. Es aquí entonces donde sistemas como Watson pueden ayudar y colaborar a que el Derecho trabaje de una forma más sencilla poniendo a disposición del operador su ayuda.

En el caso de Ross, este es un sistema diseñado para facilitar labores a los operadores del Derecho exclusivamente. La diferencia es que Ross se creó con el fin de complementar a Watson en el área del Derecho; mientras que Ross podría ser el abogado que llamamos para que nos ayude con un problema legal exclusivamente, Watson será el amigo al que llamamos para preguntarle cualquier cosa que podamos imaginar a nivel general.

Ross funciona de forma que a través de la inclusión de las bases de datos de miles de documentos legales, estatutos, legislaciones, normativa, doctrina, y jurisprudencia genera una respuesta. A la hora de dar sus respuestas, Ross incluye citas legales de los fallos, indica los artículos para una posterior lectura, e incluso emite una valoración estadística como índice de fiabilidad para que los abogados tengan mayores herramientas a la hora de preparar su propios casos. Pero Ross no se limita únicamente a esto, al ser un sistema cognitivo computacional tiene una programación que le ayuda a aprender de acciones anteriores, lo que permite que sus dictámenes y decisiones serán modificables en el tiempo y que también tendrán un nivel de precisión mayor de acuerdo al uso que se le dé y la información que este analice, permitiendo a los abogados también contar con una herramienta mucho más adaptada a la realidad actual. Asimismo Ross realiza una supervisión continua 24 horas al día sobre nuevas decisiones judiciales que pueden afectar el caso que uno se encuentre llevando y que haya incluido dentro del sistema de Ross.[6] Es entonces Ross, un sistema inteligente que logra aprender y superarse por medio de sus propias actuaciones así como de las actuaciones de terceros que este analice en sus bases de datos.

Estos dos sistemas (Ross y Watson) se han dedicado a utilizar la tecnología para resolver de una forma mucho más eficiente los métodos no estandarizados que existen a nivel general por parte de los operadores del Derecho, lo cual lo realiza analizando, resumiendo, y creando información útil de grandes bases de datos que no se encuentran estructuradas o que tienen inconsistencias que a un ser humano normal le tomaría años descubrir.

David Curle de Thomson Reuters señala que a Paul Lippe de LegalOnRamp le preocupa no solamente el efecto que pudiera tener Watson sobre la investigación legal o judicial, sino qué efectos tendrá específicamente sobre el Derecho como tal. De acuerdo a Lippe, Watson elevará la rigurosidad de las conversaciones sobre la estructura del conocimiento del Derecho. Dado que los estatutos, normativa, doctrina, políticas, contratos, jurisprudencia y demás no trabajan como un engranaje totalmente acoplado, no es fácil para sistemas como Watson el interpretar y descifrar en muchos casos estas Torre de Babel, lo cual dice mucho no sólo de las limitaciones que pueda tener Watson sino de la forma complicada en que creamos Derecho.[7]

Es entonces que sistemas, programas, y máquinas como lo son Watson y Ross, las cuales se incluyen dentro de la categoría de Inteligencia Artificial, han logrado revolucionar al mundo desde el punto de vista de la Informática Jurídica, poniendo en el tapete la discusión sobre si eventualmente los operadores del Derecho y todo lo que depende de la toma de decisiones en esta ciencia podrá ser reemplazado por sistemas inteligentes como estos, lo cuales tienen menos riesgos laborales, producen 24 horas al día, y no necesitan de incentivos para producir resultados positivos.

Difícilmente podremos llegar a un punto en que nuestra profesión se vea absorbida totalmente por la computación, la tecnología y sus componentes. El factor humano es y será siempre y punto medular de las actuaciones del operador del Derecho, y esta característica no es cuantificable ni posible de almacenar en un sistema electrónico, pues las variaciones a una pregunta pueden ser siempre una por cada persona a la que se le consulte.

En el caso de Costa Rica, considero aún más difícil que un sistema que se dedique a analizar los fallos judiciales logre con un grado de certeza medianamente aceptable proporcionar ayuda a los operadores del Derecho. Sería mucho más acorde a la realidad que un sistema operativo o una computadora lograra brindarle soporte a jueces o abogados a la hora de estos últimos redactar los fallos o los escritos, incluyendo los aportes que realiza el sistema operacional con base en la información que se le facilite. La economía y la celeridad jurisdiccional, en países como Costa Rica, serían los más beneficiados en casos como este.

 

CONCLUSIONES

El cambio de paradigma debe de darse dentro de un plazo razonable pues las modificaciones a las que se somete nuestra profesión en la actualidad con base en la informática son aceleradas y muy dinámicas. La concientización a los operadores del Derecho y a la sociedad en general sobre el cambio de soporte de información en papel a digital debe ser profundo. Esto ayudaría y mejoraría no solamente la automatización de procesos judiciales sino el debate jurídico a nivel general.

Imaginemos el avance que se daría a nivel jurisdiccional si el juez o lo sueces que conocen de casos tuvieran más tiempo para anlizar los casos que se les plantean pero que a la vez pudieran fundamentar con mayores recursos sus decisiones, acelerando así los procesos y eliminando en muchos casos las innecesarias apelaciones por falta de fundamento a la hora de emitir un fallo.

Dentro de las muchas profesiones que se ven afectadas por la informática, la actividad jurídica se beneficia de los resultados de los problemas derivados de la incorporación de la Informática a la labor de los operadores del Derecho; pero si es claro que los métodos estrictamente jurídicos, y el modo en que cada uno de nosotros está acostumbrado a pensar y a aplicar el Derecho no han variado ni variarán por razón de la tecnología. Las computadoras carecen de las falencias con las que los seres humanos realizamos todas nuestras actividades diarias, pero esto nos permite adaptarnos a las modificaciones necesarias que se deben de realizar a nivel de la sociedad, en el caso en específico se trata de cómo adaptar el material jurídico para emplear los sistemas de cómputo de un modo más provechoso.

De igual forma aspectos como la protección a la privacidad, a la intimidad y a los datos personales no quedan exentos de la aplicación de la informática al Derecho, pues en el manejo y tratameinto de datos y de información, se deben de establecer protocolos y normativas que regulen la protección de los datos personales con base en los principios establecidos en los tratados internacionales, la normativa internacional y las regulaciones nacionales de cada jurisdicción. Se debería entonces garantizar la integridad de los datos y la información que se ingresa en las bases de datos de los sistemas para que estos realicen las investigaciones o las conclusiones solicitadas pero sin poner en riesgo la integridad de los datos personales que allí se puedan tratar.

Finalmente, el uso de la tecnología en el Derecho no exime a los operadores de este a que su razonamiento deba ser eximido de valoraciones fundadas. Lo que un sistema de cómputo puede elaborar será siempre tan útil y provechoso como el significado que el operador del Derecho le brinde en conjunto con sus conclusiones y el conocimiento de las fuentes del Derecho que este tenga. Los cambios se darán sin duda alguna, pero su fin no será la eliminación de las personas como operadores del Derecho, sino que será con el fin de lograr un Derecho más estructurado, mejor creado, más organizado y con mayor amplitud de difusión, para que exista una mayor rigurosidad a la hora de emitir razonamientos jurídicos.

Estamos todavía a tiempo de lograr que esta evolución jurídico-científica logre compenetrar las maravillas de la innovación moderna en conjunto con los derechos y garantías que rigen nuestras sociedades y nuestro estado de Derecho. Debemos de abrirnos, y aceptar estos cambios para el beneficio del Derecho, pues en la medida en que esto se realice lograremos mejorar la justicia y su aplicación a la sociedad.

 

 

[1] Susskind, Richard. The future of Law. Estados Unidos de América, Oxford University Press, 1996, pp. 49-50.

[2]  Pompeu Casanovas. Tecnología, Inteligencia Artificial y Web Semántica. Un mundo para todos y para cada uno.  En Jorge Fabra y Ezequiel Spector (Ed.), Manual de Filosofía y Teoría del Derecho Tomo I, Cap.XXV, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2013, Página 4. En http://www.researchgate.net/profile/Pompeu_Casanovas/publication/258839086_DERECHO_TECNOLOGA_INTELIGENCIA_ARTIFICIAL_Y_WEB_SEMNTICA._UN_MUNDO_PARA_TODOS_Y_PARA_CADA_UNO/links/0c96052928f3d397cf000000.pdf

[3] Cuadrado Gamarra, Nuria. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO: ¿UN ENCUENTRO POSIBLE?. En http://www.barzallo.com/DOCUMENTOS%20WEB/DOCTRINA/General/inform_tica%20legal/DocPDF/Cuadrado%20Gamarra,%20Nuria.%20II%20Congreso%20Mundial%20Derecho%20Informa.pdf

[4] Mother Nature Network. 7 Supercomputers Changing The World. http://www.forbes.com/sites/eco-nomics/2012/09/24/7-supercomputers-changing-the-world/. 24 de setiembre de 2012

[5] Katz, Daniel M., Bommarito, Michael J. y Blackman, Josh. Predicting the Behavior of the Supreme Court of the United States: A General Approach. En Social Science Research Network. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2463244. 21 de julio de 2014

 

[6] http://www.rossintelligence.com/lawyers
http://www.emegelaboral.com/ross-el-abogado-automata/ en El abogado robot: Ross.

[7] Curle, David. IBM Watson Might Transform the Practice of Law. Will it Fix Law Itself, Too?. En Thomson Reuters, http://legalexecutiveinstitute.com/ibm-watson-might-transform-the-practice-of-law-will-it-fix-the-law-itself-too-by-david-curle/. 9 de febrero de 2015.

 

Artículos

Marketing, big data y la necesidad de adaptar el Derecho

En la actualidad las empresas confían su futuro en gran parte a sus departamentos de mercadeo por ser estos los que en el fondo controlan mucha de la información que necesita una empresa para poder competir y subsistir.

Y es que el mercadeo no es solamente la venta de bienes o servicios a clientes, pues si bien esta es una parte importante de sus funciones, la relación que existe entre usuarios y los departamentos de mercadeo genera datos e información que se conoce como big data.

Esto  es en sí el negocio de captar datos e información para detectar e identificar tendencias, lo cual se traduce en hábitos de compra, los cuales a su vez son de gran importancia para que las empresas logren generar mayor competitividad.

El big data en sí se ha convertido en un negocio como tal, pues desde la tarjeta de cliente frecuente del supermercado hasta el historial del navegador son datos que generan un hábito de consumo cuantificable, que le puede generar ganancias a alguna empresa.

El ejemplo más claro que podemos tomar hoy de la capacidad que existe del big data es la computadora de de inteligencia artificial desarrollada por IBM denominada Watson, la cual aporta un valor en todo aquel proceso en donde exista un gran volumen de datos e información, analizándolos, generando miles de hipótesis, dándole una puntuación a esas hipótesis, creando un ranking de las mismas, y entregando soluciones con un alto grado de confianza, todo en menos de 3 segundos.

La tecnología que utiliza Watson brinda información relevante de manera expedita para consultas que realizan los usuarios del sistema, basándose en una enorme cantidad de información disponible en su historial de datos, y creando de esta forma parámetros útiles para los departamentos de marketing con el fin de establecer campañas más acordes a los intereses de los usuarios, y de esta manera generar un ahorro enorme en análisis de información y envíos innecesarios de correos electrónicos o mensajes de forma masiva.

La diferencia entre Watson y la mayor parte del software disponible en el mercado es que esta, por medio de su inteligencia artificial, puede aprender con el tiempo la forma de responder mejor a las preguntas humanas, proporcionando referencias para respaldar sus respuestas.

Es de esta manera que la recolección de datos se ha convertido en un negocio de billones de dólares, el cual las empresas buscan dominar para lograr sus objetivos de manera más sencilla y rápida.

No podemos detener el avance acelerado de la tecnología, por lo que los retos actuales se encuentran en brindarle la mayor seguridad posible a los datos que se procesan, y en la necesidad de adaptar nuestra legislación a las impostergables modificaciones que la tecnología realiza en nuestra sociedad.

 

 

Publicado en el Periódico La Extra, 27 de marzo de 2015.

Diario Extra- J.I Zamora

Entrevistas

¿Qué significa que Estados Unidos proteja la neutralidad de la red?

“Hoy, 26 de febrero, la Comisión Federal de Telecomunicaciones [FCC por sus siglas en inglés] aprobó una orden urgida por el presidente Obama que impone reglas para los servicios de banda ancha de Internet que fueron escritos en la era de la locomotora y el telégrafo”.

Verizon, una de las operadoras de telecomunicaciones más grandes de Estados Unidos, criticó así la decisión de la FCC de aprobar una protección sobre neutralidad de la red. Lo hizo enviando una carta a los medios de comunicación en papel y escrita a máquina de escribir, fechada en 1934.

Con la aprobación de estas reglas, se garantiza que los usuario s tendrán acceso igualitario a todos los contenidos, sin importar el ancho de banda que estos necesiten para ser transmitidos; y que los operadores no podrán ofrecer un trato “preferencial” a los proveedores de contenido (como Netflix, por ejemplo).

Un triunfo para sus proponentes, pues no solo Estados Unidos acata las órdenes de la FCC en esta materia, sino que muchos países en Latinoamérica suelen tomarlas como un punto de partida en sus políticas y leyes.

En Costa Rica, los rectores del tema se apegan por ahora a la neutralidad de la red, pero miran de cerca los cambios a nivel internacional.

“Es una dicotomía de neutralidad versus calidad del servicio y de cómo priorizar esos datos que están ahí dentro”, dijo Maryleana Méndez, miembro del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Las políticas de acceso igualitario a la red en Costa Rica parecieran estar a favor de la neutralidad, pero no hay nada que por ahora lo garantice. Tampoco hay una gran saturación de los servicios, como sí sucede en Estados Unidos desde hace años.

“Costa Rica podría presentar un problema estructural a futuro por la gran cantidad de conexiones que se necesitarán, pero no ha llegado a tener la dificultad que presenta Estados Unidos”, dijo Juan Ignacio Zamora, abogado especialista en derecho informático.

“Lo que se está diciendo [el fallo] es que Internet no es un lujo, sino un servicio público al que todos tenemos el mismo acceso“, comentó Zamora.

Los perdedores

Con la decisión de la FCC y el Congreso de Estados Unidos, las proveedoras de Internet y los servicios de streaming como Netflix, que el año pasado se alió con otra compañía estadounidense de Internet, Comcast, para priorizar sus contenidos. En ese momento, ni la FCC ni el Gobierno ni nadie podía hacer nada para impedirlo, por la definición de naturaleza comercial atribuida a la red.

La discusión se gesta desde hace más de un año y se avivó en noviembre del año pasado, cuando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, clamó por la neutralidad ante los estadounidenses.

Aunque la FCC apoyaba a los operadores, ahora cambia de opinión. Sin embargo, la decisión aún no está consumada. Los operadores y algunos republicanos ya han dicho que pelearán contra este fallo. “A pesar de su alegría, a los partidarios de la neutralidad les espera años de lucha por delante”, dice la periodista especializada en temas tecnológicos Lauren Walker en la revista Newsweek.

Hasta la fecha, solo Chile y Brasil han aprobado marcos normativos sobre Internet que protegen su neutralidad.

Publicado en El Financiero por: POR MARÍA FERNANDA CRUZ / [email protected] / 03 MAR 2015, 09:00 AM

Entrevistas

Expediente Digital Único de Salud, una mina de datos que enfrenta los retos de su propio contenido

El Expediente Digital Único de Salud (EDUS) será una mina de algo que se ha vuelto más valioso que el oro: los datos personales.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desarrolla desde el 2012 este sistema en el que los médicos y el personal de los Ebáis pueden programar citas, ver fichas familiares y conformar expedientes clínicos, dejando de lado el expediente de papel.

El proyecto se enfrenta ahora a un cuestionamiento que explotó en los últimos años alrededor del mundo: ¿cuán protegidos están los datos médicos de las personas registradas a estas plataformas?

La lentitud de su desarrollo se configura como otro de sus retos constantes, pero al menos una de sus plataformas ya opera en un 53% de los Ebáis del país.

Para los asegurados, el expediente digital es un alivio. Les permite pedir citas por Internet y que el médico encuentre detalles en su expediente aunque antes lo hayan atendido al otro lado del país.

Sin embargo, a especialistas en protección de datos no les convence el tratamiento que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hace de esa información.

“¿Cuántas de esas personas realmente conocen la responsabilidad de manejar eso que están viendo?”, cuestionó el abogado Juan Ignacio Zamora en un foro organizado por la cooperativa de tecnologías Sulá Batsú.

Las bases de datos de salud tienen un alto valor para aseguradoras, empleadores, empresas de medicina privada, operadoras de pensiones y bancos del mundo.

“Cuando EDUS entre en un funcionamiento completo, será un tesoro nacional de información”, dijo la investigadora de la cooperativa Kemly Camacho.

En el mismo panel participó también el subdirector de EDUS, Manuel Rodríguez, quien confirmó que al menos 14.000 funcionarios tienen acceso a esas bases de datos, entre médicos, enfermeros y otros administrativos.

El marco de regulación para resguardar los expedientes en salud es de 1999 y solo habla de documentos en físico. El resguardo de esta información también está normado por la Ley de Protección de Datos de los Habitantes.

Así lo destaca un estudio desarrollado por Sulá Batsú para Global Information Society Watch (Gis Watch), que evaluó el sistema para sacar a la luz sus principales retos. En sus consideraciones finales, las investigadoras señalan que la aplicación de esta última ley aún es débil en el país.

“La Caja ha puesto énfasis en el aspecto funcional y no tanto en la seguridad y privacidad de los datos”, apunta la investigación.

Rodríguez, subdirector del proyecto, discrepa e insiste en que la Caja tiene mecanismos de seguridad que impiden el acceso a personas no autorizadas.

“Ahí queda registrado quién hace qué y qué modifica”, dijo.

Puede que no modifique nada, pero si alguien toma una foto de la pantalla y da esa información sensible a alguien más, está cometiendo un delito que podría ser penalizado hasta con cárcel.

Para Ignacio Zamora, las herramientas para proteger los datos son insuficientes si no se cumple con la ley. Todas las bases de datos que se transfieran de un Ebáis a otro, por ejemplo, deberían estar registradas ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.

Camino empedrado

El sistema tiene otra patología crónica, aún más evidente que la seguridad: la lentitud de adaptación de la CCSS.

Antón Zamora, del Ministerio de Salud, argumentó que la falta de comunicación entre las instituciones detiene los avances de la integración. “Los departamentos no se hablan entre sí ”, comentó el asesor de la ministra de Salud, María Elena López.

“No tenemos capacidad de administrar y compartir datos dentro de las instituciones”, insistió.

Para el especialista en derecho a la salud Román Navarro, el expediente digital avanza más lento de lo que permite la tecnología. “Vamos en bicicleta cuando podríamos ir en un Ferrari”, dijo.

El avance en los objetivos es un reto que Rodríguez acepta, argumentando que el acceso a tecnologías de la información no solo depende de la Caja sino del desarrollo de las telecomunicaciones.

“Estamos haciendo un cambio de paradigma que incluso incorpora una serie de limitaciones que no son solo de la CCSS sino del país”, aseguró el subdirector.

Las limitaciones del proyecto también tienen que ver con los mismos médicos, que se sienten vigilados y se resisten al cambio, apunta el estudio de Sulá Batsú.

A las investigadoras también les preocupa el costo de la implementación del sistema, que ya asciende a los ¢30.000 millones.

En el 2012, la Caja suscribió un contrato de ¢30 millones con Radiográfica Costarricense, institución que traspasó el proyecto a manos del ICE porque no tuvo la capacidad para desarrollarlo.

¿Qué es EDUS?

El sistema integrado de la Caja Costarricense de Seguro Social pretende incluir a todos los hospitales y centros médicos públicos del país en una plataforma de expedientes y citas que permita aumentar y evaluar la eficiencia en la atención.

EDUS se integra en este momento a otros tres sistemas: el sistema para agendar citas (SIAC), el Sistema Integrado de Fichas Familiares y el Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES).

El sistema fue declarado como de interés público por la Asamblea Legislativa en la Ley de Expediente Digital Único en Salud.

La ley aprobada el año pasado, robustece a EDUS y exige a la Caja garantizar una sostenibilidad financiera para su puesta en marcha.

 

http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/EDUS-Expediente_Digital_Unico_en_Salud-CCSS-proteccion_de_datos_0_679132107.html

Artículo publicado en el Semanario El Financiero. 8 de febrero de 2015

Periodista: María Fernanda Cruz

Entrevistas

I Foro de Privacidad y Protección de Datos de Costa Rica

En ocasión del I Foro de Privacidad y Protección de Datos de Costa Rica, página 2 de La República.

 

 

Publicado en Página 2 del Periódico La República, 28 de enero de 2015.

Artículos

Privacidad y protección de datos en la era digital

El futuro de la privacidad y la protección de los datos tendrá su foro este 28 de enero de 2015 en distintas partes del mundo, incluyendo Costa Rica en conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos, buscando abrir el debate sobre una interconexión necesaria pero a la vez segura, en donde se discutirá sobre la privacidad en la era digital.

Dado que hoy en día nuestras vidas giran en torno a lo que podamos encontrar en Internet y la captura de información personal en diversas bases de datos, este derecho es un instrumento de garantía de nuestras libertades que ayudan a proteger nuestra privacidad. Y es que debemos comprender que solo nosotros mismos podemos establecer un control riguroso sobre los datos nuestros que circulan o se captan por medios digitales, y no es posible aislarse pues el contenido que se genera por terceras personas sobre uno mismo no es posible de controlar. Únicamente si mantenemos un control estricto sobre nuestra información personal cuando ésta es objeto de tratamiento, se puede garantizar que tengamos libertad en el mundo de las tecnologías de la información.

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Asimismo, el defender este derecho por parte de empresas y organizaciones constituye un valor positivo que si bien acarrea obligaciones, también implementa buenas prácticas y estándares de seguridad, calidad y confianza entre los usuarios. Por esta razón es que respectar dicho derecho es el pilar sobre el que se construye la confianza digital de las personas respecto de la acción pública, privada y empresarial en la nueva sociedad en la Internet.

Ignorar esta realidad social en la que el fenómeno digital ha adquirido una preponderancia firme en la vida de las personas sería un error, lo que debemos hacer es conocer nuestro derecho a la protección de datos. Incluso se ha dicho que si no tenemos presencia digital, es que quizá no existamos.

Tener presencia digital no debe ser algo negativo. El derecho a la protección de datos es aquel que garantiza a las personas el control de sus datos personales, mientras que el derecho a la privacidad es el que protege los aspectos relacionados a la vida privada de un sujeto, sobre los cuales tenemos la libertad de decidir si trascienden a terceros o no.

Actualmente vivimos en la sociedad de la información por lo que la esfera íntima de las personas, en la actualidad, comprende cada vez un mayor número de datos personales. No es de extrañar entonces, que se converjan los límites del derecho a la intimidad y el derecho a la protección de los datos personales, al estar nuestra intimidad  cada vez más digitalizada.

Entrevistas

Ticos que piden ser borrados de bases de datos no tienen garantía de que empresas cumplan con solicitud, según experto

Las personas que soliciten a una empresa ser eliminados de una base de datos no tienen cómo confirmar de que se acató la petición, afirmó el abogado especialista en derecho informático y protección de datos, Juan Ignacio Zamora.

La Ley 8968, vigente desde el 5 de setiembre del 2011, no establece que quienes mantengan bases con información personal de los usuarios deban presentar algún tipo de comprobante que confirme si la solicitud fue realizada.

“En los sistemas informáticos es bastante difícil poder decir si ya se borró una información. La empresa tiene un plazo para resolver, ya sea para modificar, para eliminar o para incluir en la base de datos, y una vez que eso sucede le debe indicar a la persona lo que hizo”, explicó Zamora.

Debido a esto, se recomienda a los usuarios estar atentos ante omisiones de las empresas que cuentan con bases de dato. Por ejemplo, seguir recibiendo llamadas de una entidad bancaria a la que se le solicitó eliminar el número de teléfono.

Zamora señaló además que la legislación vigente protege desde datos como el expediente médico, dirección y teléfono hasta la fotografía, huella digital o tono de voz de un individuo.

La legislación clasifica la información personal en tres categorías: los datos irrestrictos, los cuales pueden ser consultados por cualquier persona en el Registro Civil o Público (nombre, fecha de nacimiento, estado civil, propiedades, sociedades anónimas inscritas); la información restringida, que es de interés solo de la persona y la administración pública (declaración de la renta, hoja de delincuencia); y los sensibles, que deben ser protegidos bajo estrictas normas de seguridad, como es el caso de los expedientes médicos.

En caso de que un usuario tenga una denuncia o consulta puede acudir a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, la cual se encuentra adscrita al Ministerio de Justicia.

Las sanciones a una empresa que incumpla con la ley sobre protección de datos se exponen a multas que van desde ¢2 millones hasta ¢13 millones, dependiendo de la falta en la que se incurra.

Con el fin de analizar estos aspectos y los alcances de la legislación costarricense, el próximo 28 de enero se realizará en el país el Primer Foro de Privacidad y Protección de Datos, con la participación de Steffen Weiss, abogado especialista de la División de Asuntos Internacionales de la Asociación Alemana de Protección y Seguridad de Datos (GDD), Elena Davara, profesora de Derecho de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, e Ignacio Trejos, representante de Costa Rica en el Centro Latinoamericano de Estudios en informática, entre otros.

 

Periodista Luis Ramírez Salazar.

Entrevista publicada en www.ameliarueda.com, 19 de enero de 2015.

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